miércoles, diciembre 31, 2008
Las nucleares de Ascó y Vandellòs reducen cada vez más su fiabilidad
La cascada de averías, incidentes y los errores que propiciaron la fuga radiactiva han hecho mella en las nucleares de Ascó y Vandellòs (Tarragona), propiedad de Endesa e Iberdrola. Los contratiempos han forzado el parón de los tres reactores durante 114 días, de forma intermitente, a lo largo de 2008.
La pérdida de fiabilidad, considerada a partir del número de horas que las centrales se mantienen conectadas a la red, obedece a las reparaciones, trabajos preventivos y tareas de limpieza de radiactividad en las zonas contaminadas por el escape. La cifra no incluye los paros inevitables (como la parada por recarga de combustible) y multiplica por cinco los paros registrados en 2007 por ese motivo (21 días). Endesa e Iberdrola han dejado de facturar unos 60 millones de euros por estos fallos.
Los ecologistas apuntan que la sucesión de averías revela flaquezas de seguridad en Ascó y Vandellòs. ANAV, el consorcio de Endesa e Iberdrola que gestiona ambas plantas, lo rechaza. El número de días parados, señala, implica que se ha primado la seguridad sobre la producción.
"Resulta complejo medir la seguridad", razona la Nuclear Energy Agency, centro de estudios pronuclear vinculado a la OCDE: "Si una central funciona sin interrupciones significa que las cosas se hacen bien". La tesis, empleada para avalar el futuro del sector en Europa, también retrata el rumbo de Ascó y Vandellòs.
Ambas plantas arrastran casi una década de recortes que empezaron en 1999, cuando el Gobierno culminó la privatización de Endesa. Los ecologistas ven en esos recortes el origen de los incidentes en las centrales, principalmente el escape radiactivo (en Ascó I) y el incendio en una zona no nuclear (en Vandellòs II). Sobre ambos incidentes planea la falta de rigor en la cultura de seguridad.
A los fallos técnicos -desajustes en válvulas, pérdidas de control en la maquinaria del reactor- se añade la impericia del personal, cuyos errores han cobrado dimensión este año. La fuga de Ascó, ocurrida en noviembre de 2007 y oculta hasta el pasado abril, fue fácilmente evitable. Sucedió porque empleados inexpertos vertieron un bidón en la piscina radiactiva. Y otro no recalibró la alarma que detecta radiación. El episodio ha calado en la propia plantilla, "bastante desmotivada", según varios empleados. "Ellos tampoco lo hicieron mejor", comentan en alusión a ANAV.
El incidente lo destapó Greenpeace y ANAV fue a remolque aunque niega haber tapado el incidente: "No lo ocultamos, es que no lo sabíamos", sostiene en una aclaración poco tranquilizadora. El CSN amparó a ANAV primero para revolverse después contra las nucleares. Convocó a los propietarios de todas las centrales para exigirles mayores inversiones en seguridad.
La pérdida de confianza entre el CSN y ANAV, reconocida sin ambages por ambas partes, ha cristalizado en la mayor multa de la historia nuclear española: entre 9 y 22,5 millones de euros por ocultar datos sobre el escape.
Pese a la sanción, cuyo importe recupera en un par de semanas, la inquietud de ANAV se mide por la repercusión social de la fuga. "Nuestro objetivo es no aparecer en los titulares. Ahora nos conformamos con no salir mucho en portada. Otro año así sería desastroso", ilustra un directivo.
La fuga ha trastornado gran parte de Cataluña. Los municipios aledaños a las centrales han exigido revisar planes de emergencia prácticamente olvidados desde hace más de una década. El Gobierno catalán señaló como culpables a las eléctricas por imponer recortes a las centrales. Las críticas hallaron eco incluso en los pueblos de Ascó (1.600 habitantes) y Vandellòs (5.400), que subsisten casi en exclusiva de lo nuclear.
El mal año de ANAV ha afectado al renacer del sector. Las nucleares -que no emiten dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero- han hallado en la lucha contra el cambio climático uno de sus principales argumentos. Así se ha repetido en Bruselas para desencallar la construcción de nuevos reactores, cuyo promedio ha caído más del 75% desde finales de los años ochenta.
El comisario de Energía europeo, Andris Piebalgs, ha defendido al sector para contener la emisión de gases en la Unión Europea. Mientras Londres y París promueven la inminente construcción de nuevas plantas, el lobby patronal español ha optado por priorizar su lucha: evitar que se clausure alguno de los ocho reactores y que se la juegan en una tanda de revisiones. Las licencias de las nucleares españolas caducan, una tras otra, en los próximos seis años, aunque sólo Garoña (Burgos) cumple los 40 años para los que fue inicialmente diseñada.
Los ecologistas apuntan que la sucesión de averías revela flaquezas de seguridad en Ascó y Vandellòs. ANAV, el consorcio de Endesa e Iberdrola que gestiona ambas plantas, lo rechaza. El número de días parados, señala, implica que se ha primado la seguridad sobre la producción.
"Resulta complejo medir la seguridad", razona la Nuclear Energy Agency, centro de estudios pronuclear vinculado a la OCDE: "Si una central funciona sin interrupciones significa que las cosas se hacen bien". La tesis, empleada para avalar el futuro del sector en Europa, también retrata el rumbo de Ascó y Vandellòs.
Ambas plantas arrastran casi una década de recortes que empezaron en 1999, cuando el Gobierno culminó la privatización de Endesa. Los ecologistas ven en esos recortes el origen de los incidentes en las centrales, principalmente el escape radiactivo (en Ascó I) y el incendio en una zona no nuclear (en Vandellòs II). Sobre ambos incidentes planea la falta de rigor en la cultura de seguridad.
A los fallos técnicos -desajustes en válvulas, pérdidas de control en la maquinaria del reactor- se añade la impericia del personal, cuyos errores han cobrado dimensión este año. La fuga de Ascó, ocurrida en noviembre de 2007 y oculta hasta el pasado abril, fue fácilmente evitable. Sucedió porque empleados inexpertos vertieron un bidón en la piscina radiactiva. Y otro no recalibró la alarma que detecta radiación. El episodio ha calado en la propia plantilla, "bastante desmotivada", según varios empleados. "Ellos tampoco lo hicieron mejor", comentan en alusión a ANAV.
El incidente lo destapó Greenpeace y ANAV fue a remolque aunque niega haber tapado el incidente: "No lo ocultamos, es que no lo sabíamos", sostiene en una aclaración poco tranquilizadora. El CSN amparó a ANAV primero para revolverse después contra las nucleares. Convocó a los propietarios de todas las centrales para exigirles mayores inversiones en seguridad.
La pérdida de confianza entre el CSN y ANAV, reconocida sin ambages por ambas partes, ha cristalizado en la mayor multa de la historia nuclear española: entre 9 y 22,5 millones de euros por ocultar datos sobre el escape.
Pese a la sanción, cuyo importe recupera en un par de semanas, la inquietud de ANAV se mide por la repercusión social de la fuga. "Nuestro objetivo es no aparecer en los titulares. Ahora nos conformamos con no salir mucho en portada. Otro año así sería desastroso", ilustra un directivo.
La fuga ha trastornado gran parte de Cataluña. Los municipios aledaños a las centrales han exigido revisar planes de emergencia prácticamente olvidados desde hace más de una década. El Gobierno catalán señaló como culpables a las eléctricas por imponer recortes a las centrales. Las críticas hallaron eco incluso en los pueblos de Ascó (1.600 habitantes) y Vandellòs (5.400), que subsisten casi en exclusiva de lo nuclear.
El mal año de ANAV ha afectado al renacer del sector. Las nucleares -que no emiten dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero- han hallado en la lucha contra el cambio climático uno de sus principales argumentos. Así se ha repetido en Bruselas para desencallar la construcción de nuevos reactores, cuyo promedio ha caído más del 75% desde finales de los años ochenta.
El comisario de Energía europeo, Andris Piebalgs, ha defendido al sector para contener la emisión de gases en la Unión Europea. Mientras Londres y París promueven la inminente construcción de nuevas plantas, el lobby patronal español ha optado por priorizar su lucha: evitar que se clausure alguno de los ocho reactores y que se la juegan en una tanda de revisiones. Las licencias de las nucleares españolas caducan, una tras otra, en los próximos seis años, aunque sólo Garoña (Burgos) cumple los 40 años para los que fue inicialmente diseñada.
